hemeroteka | La ONU acusa a Flandes de practicar el 'apartheid inmobiliario'

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La ONU acusa a Flandes de practicar el 'apartheid inmobiliario'
Discriminación basada en el idioma. Impide a los francófonos de Valonia adquirir una casa en suelo flamenco. Las inmobiliarias revelan si los futuros compradores hablan holandés o no. La medida de "bloqueo" es contraria a cualquier ley belga o internacional
Fernando Heller | El Mundo, 2010-11-02

La ONU acaba de pedir al gobierno de la comunidad autónoma de Flandes, norte de Bélgica, que "revise" su actual política inmobiliaria, supuestamente discriminatoria, que "impide" a los francófonos de Valonia (sur) adquirir libremente propiedades en suelo flamenco. La petición, del todo inédita, coloca a los independentistas en una muy incómoda situación.

Mientras el gobierno autonómico de Flandes (actualmente en funciones) afirma que "toma nota" y que "estudiará" la situación, los políticos francófonos no caben en sí de gozo por el último informe crítico con las autoridades flamencas publicado la semana pasada por el Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos: para Valonia se trata de una enorme "victoria moral".

"Espero que Flandes tome buena nota de lo que ha dicho la ONU. Se trata de una advertencia seria", asegura Damien Thiery, alcalde de la localidad de Linkebeek, en la periferia de Bruselas, citado por la radio francófona RTBF. "Flandes utiliza métodos antidemocráticos para acorralar a las minorías (francófonas)", agrega.

"Lo peor de todo esto es que ha tenido que ser una institución internacional de prestigio, como la ONU, la que señale con el dedo a Flandes. Es una pena no sólo para los independentistas, sino para la imagen internacional de Bélgica. Es una vergüenza", comenta por su parte Charles Picqué, ministro-presidente de la región de Bruselas-capital, una especie de ente autonómico.
No se vende a quien no hable holandés

La polémica por la presunta "discriminación inmobiliaria" de los francófonos que se quieren instalar a vivir en Flandes comenzó en abril pasado en cuatro distritos de la periferia norte de Bruselas, de mayoría lingüística flamenca (holandesa). Los alcaldes de esos municipios se pusieron de acuerdo para no vender propiedades a belgas francófonos y a nadie que no hable holandés.

La disposición excluyente, analizada ahora también por la Comisión Europea, que pretende determinar su legalidad, supone -según la prensa francófona belga- "una depuración étnica" basada en el idioma que resulta totalmente inaceptable.

La medida de "bloqueo" inmobiliario es contraria a cualquier ley -belga o internacional- y atenta según los partidos políticos francófonos contra "los derechos humanos", extremo que ha reconocido ahora parcialmente la ONU.

La situación es muy grave, pues profundiza todavía más la brecha entre ambas comunidades. La iniciativa vino de mano de los alcaldes de Vilvorde, Overijse, Hal y Gooik, que han acordado con las agencias inmobiliarias locales que éstas les envíen un listado con nombres y apellidos de candidatos a comprar viviendas en la región.

Esas listas serán "examinadas minuciosamente" y si el candidato a la compra no habla holandés o no aporta pruebas de que quiere aprender holandés (por ejemplo la matrícula de una academia de idiomas) la venta quedará anulada: un ejemplo práctico de "apartheid inmobiliario", como lo define hoy la radio RTBF.

Así, los alcaldes de las cuatro barriadas de Bruselas aplicarán normas flamencas como el "wooncode" (el código de la vivienda) y la norma "wonen in eigen streek" ("vivir en tu región"), que fuerza a los residentes a probar que viven en el lugar en el que están censados.
Orgullosos de sus medidas

Ahora, además de esas dos normas del gobierno autonómico flamenco, se unen estos acuerdos informales (no escritos) entre los alcaldes y las promotoras inmobiliarias. Pero, en contra lo que se podría pensar, los alcaldes flamencos promotores de esas medidas de "segregación inmobiliaria y lingüística" no se esconden de la prensa, e incluso se pavonean de ello ante las cámaras.

"Queremos saber quién viene a vivir en nuestros municipios, tenemos derecho a preguntar -y a determinar- quiénes son las personas más idóneas para residir en nuestras ciudades. Es nuestro deber comprobar que quienes viven entre nosotros están dispuestos a adaptarse a nuestras costumbres e idioma", asegura el alcalde de Gooik, Michel Domst.

Pero esta actitud no es del todo nueva. En 2007, el ayuntamiento (municipalidad) de Zaventem, también en la periferia de Bruselas, decidió imponer como condición sine qua non a quien quisiera comprar terrenos que hablara flamenco o se apuntara a un curso para aprenderlo. Y así, bajo este requisito, puso a la venta 76 parcelas.

La "guerra inmobiliaria" era lo último que faltaba a la ya de por sí crispada convivencia entre las dos comunidades más importantes de Bélgica, con en total 10,5 millones de habitantes, que conviven desde 1830 unidos con cinta adhesiva en un Estado federal.

Y es que, seis meses después de los comicios anticipados de junio pasado, el país, que preside este semestre la Unión Europea (UE), sigue sin gobierno estable.

Fuente | El Mundo