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Juan López Asensio | Arquitecto colegiado (COAVN Navarra) | Noticias de Navarra, 2011-03-12
A sugerencia de la delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro escribo estas notas intentando recoger el sentir de una buena parte de los arquitectos que realizan proyectos y que dirigen obras para las administraciones públicas.
Nuestra profesión debe ser tan interesante que los arquitectos estamos dispuestos a aceptar, sin rechistar, unas formas de contratación con unas exigencias desorbitadas. En este momento, en Navarra, tenemos una legislación de contratos que establece diferentes fórmulas para adjudicar los proyectos de las viviendas públicas, de los colegios, de los hospitales y de cuantos edificios públicos podamos imaginar. Con esa legislación se ha superado la arbitrariedad en la adjudicación de los trabajos, lo cual sitúa a todos los arquitectos en igualdad de oportunidad. Pero de aquella manera de actuar en tiempos ya superados, cuando los proyectos se adjudicaban directamente, se ha pasado a otra forma de adjudicar los encargos que exige un esfuerzo profesional inaudito a los arquitectos que optan a un trabajo.
Para poder presentarse a un concurso se exige un esfuerzo profesional que se puede valorar entre el 10 y el 20% de los honorarios totales del proyecto a cuya redacción se desea optar. Para concursar se exige la presentación de auténticos anteproyectos. En algunas ocasiones la Administración utiliza fórmulas previstas en la Ley de Contratos que son más leoninas todavía, que exigen la presentación de un proyecto para optar al mismo (concesión administrativa y obra con llave en mano).
Parece mentira, pero es así. Los estudios de arquitectura que concursan se someten a estos procedimientos una y otra vez, muchas veces al año. Porque es fácil comprender que, si a cada concurso se presentan veinte o treinta propuestas, para cuando un arquitecto gana un concurso tiene que presentarse a un buen puñado de ellos.
Globalmente, para poder ganar un trabajo por la vía del concurso público, los estudios de arquitectura tienen que invertir más de la mitad de su esfuerzo total en presentarse a otros muchos concursos. ¿Se imaginan un negocio, el que ustedes quieran, en el que la empresa se viera obligada a invertir la mitad de su esfuerzo en obtener el trabajo? ¿Se imaginan que, por ejemplo, a los constructores que se presentasen a un concurso para construir cien viviendas les hicieran construir diez o quince viviendas para ver como serían éstas y, tras elegir a la empresa ganadora se mandara derribar las viviendas construidas por todas las empresas participantes, y todo gratis et amore?
Otro ejemplo: ¿Se imaginan que a las empresas que optan a que les adjudique el amueblamiento de un auditorio se les exigiera amueblar una fila completa, para ver su efecto, y una vez adjudicado el encargo a la empresa más ventajosa se enviaran al vertedero las butacas del resto de los concursantes? Pues en los concursos de arquitectura sucede esto, ya que un anteproyecto en relación con un proyecto es como mínimo como diez viviendas en relación con cien, o como una fila de butacas en relación con el amueblamiento de toda la sala.
Se preguntarán cómo es posible mantener una estructura empresarial que al cabo del año necesita invertir el mismo o mayor esfuerzo en conseguir el trabajo que en hacerlo. Los estudios de arquitectura lo consiguen con jornadas laborales de 12 horas, llevándose el trabajo a casa y trabajando muchos sábados y parte de los domingos. Pero incluso así, en muchas ocasiones no es suficiente.
Seguro que ustedes ya han adivinado cómo se puede mantener un negocio con tan escaso rendimiento: abaratando los costes al máximo posible. Y en la redacción de un proyecto de arquitectura el mayor coste de producción lo constituye la mano de obra cualificada, es decir, la aportación de los propios arquitectos, de los aparejadores y de los ingenieros.
Para paliar el problema estructural de la profesión muchos estudios están recurriendo a la utilización de productos sin marca, aunque sean tan buenos como los otros: la incorporación de una prole formada por estudiantes de los últimos cursos y por licenciados que todavía no han podido dar el salto profesional y que difícilmente lo darán. Y esta mano de obra cualificada está trabajando por unas cantidades económicas tan irrisorias que no me atrevo a hablar de las cuantías. Una parte importante de los arquitectos que han acabado en los últimos 5-10 años están trabajando con poca estabilidad, sin ninguna, en un contexto profesional ya de por sí absolutamente precario. Existe un problema estructural de la profesión, un problema muy serio. Me río de lo de las 40 horas semanales, de los convenios colectivos y de la jubilación a los 67 años.
Volviendo al objeto principal de estas notas, el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro viene trabajando para que la Ley de Contratos se aplique en su artículo 183 (Concurso de Proyectos). El Colegio trata de actuar en defensa de la profesión recurriendo algunos concursos, al entender que por su naturaleza no se ciñen a lo legislado. Y esa línea de actuación debe mantenerse, utilizando, incluso, la vía penal, porque no es otra cosa que prevaricar la acción de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Cuando las sentencias judiciales apuntan en una línea determinada, la Administración no puede retorcer el contenido de las sentencias utilizando argucias para mantener su manera de proceder. El Colegio debe utilizar la legislación administrativa y la penal (en caso de prevaricación) para intentar corregir los abusos que se vienen dando.
La Ley de Contratos regula los contratos de asistencia, que algo así se denominan, como si de la adjudicación de una obra se tratara. Quizá ahí radique el origen del error de concepto que nos está llevando (junto a otras circunstancias) a una situación explosiva. Pero hay una diferencia muy importante entre contratar una obra o un proyecto: cuando se contrata una obra se trata de adjudicar la ejecución de algo que ya está definido. Pero cuando se trata de contratar un proyecto la Administración va a encontrarse ante diferentes proyectos, no ante un mismo proyecto, va a seleccionar una solución al problema entre propuestas heterogéneas. No puedo extenderme en el análisis de esta cuestión, pero esto es clave para entender que la fórmula de contratación para una obra no puede ser la misma que la utilizada para la contratación de un proyecto y, sin embargo, viene siendo prácticamente la misma, y ahí radica una de las claves del error. (Otra de las claves está en la idea de que el mercado regula todo, ¿les suena?, y así nos va a todos).
Los arquitectos tenemos la responsabilidad de avanzar en la búsqueda de soluciones, disponiendo y proponiendo a la Administración un análisis riguroso de esta cuestión y llegando a definir un texto alternativo al contemplado en la Ley de Contratos. Hay que hablar. Mejor dicho, seguir hablando. También tenemos que seguir trabajando para que se cumpla la legislación (recursos, prevaricación...). Expliquemos, propongamos y convenzamos.
Nos esperan años duros para la profesión, lustros para la purificación. La manera de ejercer la arquitectura está cambiando y no se puede nadar a contracorriente. Hagamos el esfuerzo para lograr que la corriente nos acerque a la orilla. Ya estamos en el tramo de aguas bravas y no anda lejos la gran cascada. O maniobramos con agilidad, o únicamente se salvarán unos pocos. Lo que nos mantiene vivos es el quehacer profesional, aunque sea realizando arquitectura de papel: concursos y más concursos. De no ser una profesión tan creativa y tan fascinante, no se podría entender lo que está pasando. Nos sorbe la vida. Es lo único que nos salva.
Documentación
Arquitectura de papel
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